El caso de Urbi Villa del Rey

En Cajeme están invadidas más de 600 viviendas en Urbi Villa del Rey y un predio de cerca de 20 hectáreas; en El Rodeo están invadidos dos terrenos, uno que fue del Gobierno del estado y uno más del Banco de Crédito Rural del Noroeste; y todos ellos son reclamados por conocidos políticos y funcionarios; veamos con detenimiento este delicado asunto.

Desde el año 2013 Desarrollo Urbi tambaleaba en la crisis; la compañía, cuyas acciones fueron suspendidas desde julio de 2013 por dejar de reportar sus estados financieros, no soportó más y en 2015 salió de su concurso mercantil.

En realidad, desde el 2010 venía arrastrando esta crisis que los deudores tuvieron que pagar las consecuencias; así quedaron miles de créditos truncos y miles de bienes mostrencos; se dice que Urbi dejó a la deriva alrededor de 80 mil viviendas y la mayoría en los estados del noroeste; Sinaloa, Sonora y Baja california.

De unos años a nuestros días de repente parecieron fideicomisos de las propiedades de Urbi; concretamente en Sonora; donde se llevaron a cabo contratos de transmisión de propiedad incluye a la Inmobiliaria ILT, SA de CV cuyos propietarios; se presume; son familiares de Edelmira Girón Domínguez titular del notario público 73.

Bajo ese criterio legal interpusieron demandas de despojo a 424 familias a efecto de recuperar las viviendas que fueron adquiridas en un monto no mayor de 50 mil pesos cada vivienda y ahora; algunas de ellas; revendidas en alrededor de 400 mil pesos; pero la resistencia no cede ante el despojo; quien operó y opera todas estas negociaciones es Rafael López Girón.

¿Por qué despojo? Porque hubo de por medio contratos de compra venta, contratos de arrendamiento y nadie fue notificado debidamente sino atropellados sus derechos y este grupo numeroso coloquialmente se le conoce como los “fraudeados de Urbi”.

Y la pregunta del millón es como el corporativo Hitmaker sociedad de responsabilidad limitada de capital variable se convirtió en fideicomitente para dar paso a un fiduciario como es Banca Monex ¿Cómo se transmitió el poder de la propiedad de Desarrollos Urbi para crear el fideicomiso? Todos ellos aglutinados en el fideicomiso F/482 e iniciado por una administración inmobiliaria denominada IRRADIUS, como promotora de inversión de inversión anónima. En el origen está la falla.

El caso de los terrenos de Urbi

El procedimiento es el mismo; solo cambian los actores, se vuelve hacer un fideicomiso donde INVEXCOR S.A.P.

I de CV; hoy SA de CV; en su carácter de fideicomitente y fideicomisaria A, así como la sociedad REALGATE MÉXICO S. RL DE CV constituyen el F/745 y lo trasladaron a favor de Heavy equipament locator SA de CV; todos estos movimientos no dan claridad sobre el procedimiento tampoco claro queda como INVEXCOR S.A.P.I de CV adquiere estas propiedades de Desarrollo Urbi.

Sin embargo, estos terrenos están siendo operados para su venta desde la misma sindicatura del ayuntamiento de Cajeme con operadores de Banca Monex, cuyo papel es de fiduciario. Lo que no se puede explicar es que “haiga sido como haiga sido” el alcalde Javier Lamarque dice desconocer un hecho que es de dominio público; tampoco se sabe porque es discrecional la venta cuando estos 1024 lotes pueden servir para atenuar el déficit de vivienda en el municipio, que por cierto es demasiado complicado; que por cierto en eso habíamos acordado con los representantes del fideicomiso. En el origen está la falla.

El caso de El Rodeo

Resulta que según los acuerdos con Pablo Rubio de Bienes y Concesiones del estado de Sonora en Cajeme se asignarían alrededor de 200 lotes para familias humildes y necesitadas; por razones explicables un sujeto se metió a terrenos que son de Rodrigo Bours y otro más que lo reclama una persona de nombre José Eduardo García Reyna; pero expliquemos la situación de dichos terrenos y como fueron adquiridos por los reclamantes; veamos.

Dice Rodrigo Bours que ellos adquieren los terrenos que eran del Banco de crédito rural del noroeste bajo el programa “Devolviendo al pueblo lo robado”, evidentemente esto no es una ironía, y si lo fuera ¿Cómo es posible que dichos programas no definen el concepto pueblo?

Pero además fue adquirida bajo el criterio de Ad Corpus lo que en lenguajes coloquiales significa “a como están o en una ganga”. Esto según la escritura original 130060 y que ahora está a nombre de Constructora del yaqui y ahora bajo la inscripción 244339; sin embargo, no podría ser bajo el mencionado programa ya que la adquisición fue en el 2016 y todavía no entraba el nuevo gobierno federal ni tampoco existía dicho programa.

En el caso del terreno reclamado por José Eduardo García Reyna, hay lagunas y espacios oscuros que deben aclararse; empezando que ese predio propiedad de Bienes y Concesiones fue enajenado en el sexenio tristemente célebre de Guillermo Padrés Elías; pero no basta la sola mención del ex mandataria por llegar a la conclusión que fue adquirido de una manera indebida; veamos.

Según los antecedentes el terreno fue adquirido por Hermosillo Inmuebles SA de CV y este a la vez; e inmediatamente; lo vendió por medio de su representante de nombre Roberto Rogelio Navarro Niño, quien según el notario público número 48 DE Cajeme, se identificó con domicilio en la calle Luis Encinas número 27, fraccionamiento Country Club de Hermosillo y el adquiriete José Eduardo García Reyna y según el notario en mención “sin acreditarlo dijo tener el domicilio Fray Marco de Niza numero 419de la colonia Misioneros”; pues bien, ninguno de los dos tienen relación legal con dichos domicilios; es lo menos que se puede decir.

Ya que el domicilio que proporcionó Eduardo García Reyna presuntamente es propiedad de Rafael Rosas Nafarrete y que el proporcionó Roberto Rogelio Navarro Niño de Divertimex SA de CV, al solo que esta empresa también sea de su propiedad.

Lo cierto es que quien se a metido de lleno al reclamo del terreno, es un tercero de nombre José Carlos Galindo Gutiérrez; él fue secretario de Desarrollo urbano en el trienio del ex alcalde Sergio Pablo Mariscal y en simples charlas pretendió hacer trampa; según acusan los representantes de los ocupantes; para según él darlos por notificados.

Después planteó la posibilidad de involucrar al municipio y al estado para hacer una especie de posible permuta; o sea la idea es seguir haciendo negocio con los bienes públicos.

El caso del Tobarito

La invasión a dos predios propiedad de los centros educativos de la comunidad del Tobarito demostró que los cálculos de los operadores del ayuntamiento para dividir el movimiento urbano no solo no les dio los resultados esperados, sino que se les revirtió de tal suerte que la complicación necesito de colaboraciones de sujetos políticos, organizaciones y el mismo gobierno del estado para normalizar la situación.

Ahí la intervención de los integrantes de la Central Unitaria de Vivienda fue clave para destrabar el conflicto ya que se adquieren dos hectáreas que dio como resultado que 84 familias salieron beneficiadas; sin embargo desde las mismas instalaciones del ayuntamiento se hace una campaña mediática para entorpecer los avances que han logrado los habitantes de El Tobarito; sin embargo a quien tomaron como vocera, ante el desprestigio que tiene en la comunidad, también les ha dado resultados adversos.

De acuerdo al contrato de compra venta celebrado por los ciudadanos Abelardo Romero Medina y José Galán García como parte vendedora y el señor César Del Pardo Escalante como parte compradora por la fracción del predio noroeste del lote 25 manzana 914 del Valle del Yaqui cuya clave catastral corresponde al folio 1800- 19- 4977 y escritura número 10938 volumen 234 de acuerdo al protocolo del notario público 4 del municipio de Cajeme, ya tiene éxitos concretos; ya los beneficiarios están en posesión de sus respectivos lotes.

A modo de resumen

Lo que nadie puede negar, es que los predios reclamados; por lo menos dos y cercanos a El Rodeo proviene de los bienes públicos y si vemos a fondo lo de Urbi no es descartable que dichos inmuebles el estado o la federación pudiera adjudicárselos; pero la especulación no duerme y el ayuntamiento de Cajeme ya demostró con su campaña sucia de qué lado está, según señalan todos los posesionarios de todos están sectores.

Lo cierto que “haiga sido como haiga sido” la inmobiliaria ILT no puede alterar el orden social y el estado debe ver la posibilidad de abrir una mesa de negociación entre la inmobiliaria y los posesionarios; la inmobiliaria está muy lejos de perder, tomando en cuenta la ganga en que adquirió esos inmuebles

En El Rodeo Constructora del Yaqui puede entrar a negociar, dado el origen del inmueble y con mucha más razón, el supuesto dueño del predio que originalmente fue de los sonorenses; me refiero al reclamado por Eduardo García Reyna; y claro, Bienes y concesiones debe abonar con sus terrenos a resolver el reclamo, respetando lo acordado.

En el caso de la intervención de José Carlos Galindo Gutiérrez solo vino a confirmar las sospechas. Eran los tiempos del padrecismo; en el origen está la falla.

César Del Pardo Escalante